Dicen que el Estado español "no es laico, sino aconfesional" y, por tanto, está obligado por la Constitución a colaborar "al sostenimiento económico de la Iglesia católica sin que tal situación pueda calificarse de privilegio". Me lo expliquen que tiene que ver ser aconfesional con sostener económicamente a las confesiones y en qué parte de la Constitución dice que el Estado está obligado a este disparate.
Dicen que lo que la Conferencia Episcopal recibe ahora es "claramente insuficiente y se quejan de que, si no han logrado la autofinanciación comprometida en 1987, es porque el porcentaje del IRPF no se adapta "a las necesidades reales". Muchos españoles piensan lo mismo de sus sueldos, pensiones o subsidios de paro. ¿La solución?: gastar menos o vender patrimonio, como hacemos todos los demás. Mis "necesidades reales" son (como las tuyas) también superiores a los "ingresos reales".
Sus presupuestos para 2006 son por valor de 157,711 millones de euros, de los que 144,24 proceden de las arcas del Estado con el calificativo de "asignación tributaria", es decir, vía recaudación en el IRPF (en torno al 80%) o por aportación directa de Hacienda. La aportación directa es un regalo que el Estado le hace anualmente a la Iglesia Católica porque con las cruces que marcan sus fieles (alrededor de un tercio, a pesar de que teóricamente el 95% de los españoles es católico y el 80% se considera así, pero no para pagar) no alcanza para cubrir los sueldos de curas y obispos. Faltan anualmente unos 30 millones. Regalos así podía hacernos el Estado a los escépticos o a los científicos cuando no nos llegaran los presupuestos (¡siempre!)
El nuevo responsable de economía de la Conferencia Episcopal, que han nombrado para negociar este chantaje nuevo acuerdo solicitado, pertenece a una asociaciónintegrista y es vicedecano de la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del consejo de administración de las empresas propietarias de la CE, Cope y Popular TV.